La condena de Mas

Este lunes hemos conocido la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha impuesto a Artur Mas, una pena de dos años de inhabilitación especial “para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal” por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 pese a que esta había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

La prensa internacional se ha hecho eco en sus portadas de la condena al expresidente de la Generalitat por desobedecer al Constitucional y convocar la consulta del 9N.

La sentencia incluye una multa de 36.500 € para Mas y condena a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación más 30.000 € de multa y a  Irene Rigau exconsejera de Enseñanza a un año y seis meses de inhabilitación y 24.000 € de multa como “cooperadoras necesarias” en el acometimiento del delito de desobediencia, mientras absuelve a los tres del delito de prevaricación.

Falta por ser publica la sentencia contra Francesc Homs, actual diputado de Convergència en el Congreso y juzgado por los mismos delitos.

No es una sentencia firme y puede ser recurrida, por lo que aún no se ejecutará e Irene Rigau podrá continuar su labor  como diputada de Junts pel Sí en el Parlamento catalán. No tratándose de la misma manera en el caso de que alguno de ellos quiera entrar en un proceso electoral, ya que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece en su artículo 6.2 que son “inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración pública o contra las instituciones del Estado”. El delito de desobediencia en el Código Penal está enmarcado dentro de los delitos contra la Administración pública.

Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega han compadecido en rueda de prensa.